Un debate poco democrático y un problema de egos


Nos levantamos hoy con esta espectacular portada de ‘La Vanguardia’ en la que el rotativo catalán exhibe, no sin orgullo y haciéndose los ofendidos, la fotografía del ‘no debate’ de ayer por la noche en 8TV. Ha sido la comidilla periodística de la campaña, uno de esos temas que sólo interesan a aquellos que diseccionamos las campañas electorales hasta el último pedazo. Al gran público poco le importa: los que quisieron debate ya tuvieron más que de sobras el viernes pasado en TV3 (una televisión pública). Y sin triquiñuelas añadidas. Finalmente, el periódico de Godó ha conseguido, por hache o por be, aquello que quería situar en su primera página: una fotografía de los cuatro candidatos sin la actual ministra de Defensa y candidata más votada en las últimas elecciones, Carme Chacón. Y digo esto porque todo el mundo en la cadena del Conde sabía que este debate a 5 nunca iba a celebrarse. Cierto es que se sabía la fecha desde hace mes y medio, como dice el periódico, pero no es menos cierto que desde el primer momento se atribuyeron problemas de agenda para no realizarse. Entre ellos, compromisos ya pactados con cadenas públicas que no era posible cancelar. Y se ofreció siempre la figura del número 2 por Barcelona, Daniel Fernández, para que asistiera en representación del partido. Pero eso no importa para aquellos que saben lo que quieren conseguir. Sigue leyendo

¿Quería realmente el Gobierno aprobar la ley Sinde?

La respuesta es clara y rotunda: no. Al menos este es el razonamiento que se desprenden de las prisas de última hora, reuniones a contrarreloj y contrapartidas inasumibles que pedían grupos como el de CiU para darle su apoyo. El Gobierno tuvo muchos meses para negociar la disposición final segunda de la LES (Ley de Economía Sostenible), la conocida como ley Sinde que regula las descargas por internet, con el resto de grupos parlamentarios. Pero la desidia fue la tónica del Grupo Socialista y los emisarios del Gobierno. Nadie parecía asumir la importancia de una medida muy impopular que había conseguido poner de acuerdo a todos los internautas para iniciar una campaña para que no se aprobase. Demasiada gente estaba en contra.

Pero todo viene de muy atrás. Gracias a El País y sobre todo a los cables revelados por Wikileaks, hemos sabido que el Gobierno norteamericano de Barack Obama, ‘aconsejado’ por las Majors, había estado presionando al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que regulase las descargas ilegales en la red. Como ya ha sucedido en otras ocasiones (como el primer paquete de medidas anticrisis ‘dictadas’ por la Casa Blanca o el segundo marcado por la UE), el presidente español se mostró obediente. Aceptó los designios de los americanos, pero lo haría lo peor que pudiera. Y lo hizo con la elección como ministra de una de las personas más odiadas en la red, Ángeles González-Sinde, que en un discurso anterior a su nombramiento llegó a asegurar que seguiría “peleando para que las descargas ilegales no nos hagan desaparecer, para que nuestros administradores comprendan que en el negocio de la red no pueden ganar sólo las operadoras de ADSL, mientras quienes proporcionamos los contenidos, perdemos”.

Cualquiera que conozca de cerca la política sabrá que, si lo que se quiere es lograr una ley por consenso (el que necesariamente necesitaba el Gobierno para aprobar la polémica norma) no se puede poner a comandarla a una persona ferozmente beligerante con una de las partes. Es de cajón. Lo que se buscaba era enfurecer al sector, crear polémica. Y ésta llegó poco después del nombramiento de la ministra. Pero que nadie se equivoque: la postura de Zapatero no venía por una voluntad de desobedecer a los EEUU, sino más bien por la incapacidad de su Gobierno de sumar un descrédito más a su lista de errores. ZP prefería que no se aprobara la ley y parecer que era derrotado en el Congreso, a aprobarla y pasar a convertirse en el presidente con los peores índices de popularidad desde la caída del régimen franquista.

Así se montó este paripé, esta actuación teatral que tenía como escenario los pasillos del Congreso y que tenía una víctima propiciatoria marcada desde el principio: Ángeles González Sinde. Una víctima marcada a fuego desde su elección que sería la encargada de cargar sobre sus espaldas con el desgaste de tan polémica norma. Al final, tras muchas demoras en las votaciones y de reuniones que nadie quería que llegaran a buen puerto, la Comisión de Economía tumbaba la disposición y certificaba la muerte política de una ministra que había sido sacrificada cual cordero el día de Pascua.